Los bonos de carbono son un mecanismo propuesto en el Protocolo de Kyoto mediante el cual se permite a los países compensar su cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Para efectos de este debate, existen dos formas predominantes en la que funcionan los mercados de carbono:
Mercado obligatorio de carbono: Este sistema, controlado por el Estado, le otorga a cada empresa una determinada y proporcional cantidad de bonos equivalentes a la cantidad de CO2 que esta puede emitir. Si la empresa necesita contaminar más de lo permitido, puede comprar bonos a otra que contamine por debajo de su límite. Los precios de los bonos están determinados por el mercado y, de sobrepasar sus límites o no comprar permisos para compensar, las empresas deben pagar multas. De esta forma funciona el mercado de bonos de carbono en la Unión Europea.
Mercado voluntario de carbono: En este sistema, comunidades rurales, ONGs, entre otros actores, crean proyectos sostenibles que son certificados por una firma internacional. A cada proyecto se le emite una certificación que indica qué cantidad de CO2 está compensando, el que luego puede ser vendido a una empresa que desea voluntariamente reducir sus emisiones contaminantes. El Gobierno tiene muy poca injerencia en cómo funciona este sistema y, en algunos países, estos permisos funcionan como una alternativa al pago de obligaciones dirigidas a reducir la contaminación, por ejemplo, el impuesto al carbono en Colombia.